El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció este lunes que tras las investigaciones realizadas por la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Policía Nacionalse logró desmantelar una red de corrupción en el sector de la salud.
Según el primer mandatario, en las operaciones de desfalco participaban varios funcionarios del Ministerio de la Protección Social, el Fosyga y particulares que se dedicaba al recobro de medicamentos.
“Estas investigaciones fueron efectivas y dieron resultados en poco tiempo. Se descubrieron desfalcos en varias modalidades, una de ellas por 30 mil millones de pesos en autorizaciones de pagos a las EPS”, aseguró Santos desde la Casa de Nariño, donde estuvo acompañado de los representantes de los organismos de control y de la Policía Nacional.
Santos explicó que la modalidad utilizada consistió en autorizar pagos a las EPS que habían sido retenidos, y mediante esa autorización se repartían el dinero.
Santos recordó que al sector salud se le dedica casi el 6 por ciento del PIB, cerca de 28 billones de pesos, por su importancia social, “somos el país en América Latina que más dedicamos a la salud en términos de porcentaje del PIB, 28 billones de pesos”.
Las capturas
Tras las operaciones adelantadas en el ministerio de Protección Social y las demás que de manera paralela se cumplen en distintos partes del país para dar con el paradero de los responsables del desfalco, se han logrado ocho capturas.
Inicialmente la Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, informó la detención de cinco personas y posteriormente se dio con el paradero de una persona más quien fue sorprendida intentando desaparecer documentos claves que al parecer la comprometían.
Los nombres del primer grupo de capturados corresponden a: Juan Carlos Lamus Rodríguez, Héctor Mauricio Poveda y Edgar Isaías, quienes al parecer eran particulares. A estos se suman los de Claudia Patricia Rojas Puerta, funcionaria del Ministerio de la Protección Social y Luis Martínez quien laboraba una EPS.
En el segundo bloque de detenciones están Carlos Jorge Rodríguez, exviceministro técnico del Ministerio de la Protección Social y Luisa Fernanda Bellini, exdirectora de financiamiento de esa cartera. La octava detención aún no ha sido dada a conocer.
Los cargos por los que serán enjuiciados estas personas, y las demás comprometidas en este millonario desfalco son: concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por acción, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.
Juan Manuel Santos, manifestó que “las capturas que se han hecho son solo la punta del iceberg porque sabemos que existen más modalidades para robarles la plata de la salud a los colombianos, por eso seremos implacables, el Estado y las entidades de control en capturar a los responsables. Sabemos que esto va a llegar muy lejos”.
Según Santos, hay otras modalidades que se están investigando como los beneficios que recibían personas que se hacían pasar por fallecidas y los sobrecostos en inventarios.
El Presidente manifestó que este golpe a la mafia es producto de una fuerza de tarea conjunta del Estado que pretende acabar con la corrupción.
Por su parte, la Fiscal Morales aseguró que esta investigación, que inició desde hace solo un mes y medio, puso en evidencia que a través de unas empresas, que funcionan como intermediarias entre la EPS y el Ministerio de la Protección Social y el Fosyga, se cobraban comisiones de entre 4 y el 6 por ciento por el recaudo en medicamentos y tratamientos.
De la misma manera, se pagaba un sobrecosto del 85 por ciento del reconocimiento de cada tutela, cuando se debía pagar solo el 50 por ciento.
“Como resultado de las investigaciones adelantadas estamos viendo que este es solo un primer eslabón de una cadena gigantesca de corrupción, la investigación se dio en un tiempo record”, dijo Morales.
Investigación a conductas irregulares
A su turno, la contralora General de la Nación, Sandra Morelli, afirmó que hay otra investigación en curso por sobrecostos o desviación de los recursos de la salud, “desviación que a la postre podría constituirse en peculado y de ahí la importancia que se continúe revisando el caso con la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.
Por su parte, la viceprocuradura General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, aseguró que el 24 de marzo de este año se abrió la investigación preliminar para verificar las irregularidades del sector de la salud, posteriormente el 27 de abril, luego de que la Contraloría General enviara una documentación se decidió acumular toda esa información al proceso que está en curso.
De la misma manera explicó que entre las conductas irregulares de los implicados están los pagos indebidos, los trámites en ajustes a la normativa vigente, el pago ordenado por tutelas, el cobro de facturas de medicamentos con valores superiores a los que se encuentran en el mercado y recobros de cuentas presentados por personas fallecidas.
Castañeda dijo además que por solicitud del presidente de la República la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía constituyeron una fuerza especial de acción conjunta y coordinada, orientada a enfrentar los actos de corrupción en el país para garantizar los intereses de los colombianos.
Finalmente, el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, reiteró que esta es la primera etapa de la investigación, “y a partir de todas las investigaciones esperamos dar con todos los corruptos y habrá cero tolerancia con este tipo de hechos”.
Detalles del operativo
El operativo que permitió las capturas que serán legalizadas en la tarde del lunes, empezó a las 4 de la mañana cuando en las instalaciones de la Dijin formaron a 60 uniformados, de una unidad investigativa especial, para entregarles un sobre de manila en el que estaban las instrucciones que debían adelantar para lograr las capturas.
Los uniformados, con grado no menor a Intendente, se dividieron en grupos e iniciaron el operativo que hacia las 8 de la mañana ya dejaba cinco capturas.
Desde el viernes pasado el director de la Dijin, general Carlos Ramiro Mena Bravo, decidió no atender llamadas salvo las del director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, y el presidente de la República. La idea era mantener completo hermetismo y evitar a toda costa una filtración de información.
Así las cosas este lunes un grupo llegó de agentes de inteligencia y funcionarios de los organismos de control, llegaron este lunes a las instalaciones del Ministerio de la Protección Social, eran las 8:45 de la mañana, para inspeccionar el piso 19 donde funcionan las oficinas jurídicas y de financiamiento.
En este registro se tomaron fotos y se hicieron los registros de rigor de los documentos encontrados y los que más tarde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se inicie el proceso judicial respectivo.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, agradeció la colaboración de los ciudadanos que se han atrevido a denunciar actos de corrupción como este. “Para esta operación contamos con colombianos valientes que decidieron dar un paso al frente para darnos datos que permiten este proceso de judicialización”, señaló Naranjo.
De la misma manera, Naranjo agregó que la Policía espera que este primer resultado genere confianza en la administración pública y privada.
A las dos de la tarde de este lunes las capturas, que hasta el momento se han dado, serán legalizadas ante un juez en el complejo judicial de Paloquemao en el centro de Bogotá.
Fuente:eluniversal,com.co
